Las
numerosas organizaciones que conforman la Coalición por una Comunicación
Democrática, apoyan la discusión de la necesidad de marcos normativos para
regular distintos fenómenos de la comunicación, que se enmarca en la relación
de éstos con la sociedad en su conjunto y en la ausencia de políticas públicas
y estímulos para los medios de comunicación.
En ese
sentido la Coalición por una Comunicación Democrática reivindica el proceso
desarrollado en el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en forma
participativa y amplia una política integral para los medios audiovisuales.
En ese
contexto, las organizaciones que integran la Coalición propusieron y siguen
proponiendo una regulación que garanticé la libertad de expresión en los
medios, pero que respete los derechos de sectores vulnerables, en cumplimiento
con las convenciones internacionales de derechos humanos que aprobó el país
referidas a niñez, género, discriminación sexual o por razones de raza,
personas con discapacidad, etcétera.
En lo que
refiere a la medida propuesta por el gobierno para proteger a niños y niñas de
los contenidos de violencia explícita. Entendemos que es necesario
ubicar la reflexión sobre esta medida en particular, en el marco más amplio
relativo a la regulación de medios y su relación con la infancia y la
adolescencia.
La relación de niños, niñas y adolescentes con los medios de
comunicación y las pantallas en particular, constituye un elemento central para
las democracias actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y
ámbitos de convivencia esta relación adquiere particular relevancia y requiere
una regulación integral que abarque el horario de protección al menor,
contenidos inadecuados, producción de contenidos y educación para los medios,
entre otros capítulos.
Este no
es un asunto solo del gobierno, aunque es su responsabilidad. Debatir y acordar
socialmente qué tipo de relación quiere la sociedad uruguaya establecer entre
sus niños y sus medios de comunicación, requiere ineludiblemente la activa
participación de empresarios de la comunicación, de trabajadores y profesionales
de los medios, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y por
qué no, de los propios niños, niñas y adolescentes.
En
cuanto a los contenidos de violencia extrema, de carácter sexual,
discriminación por razón de género o raza, etcétera, que emite a diario la
televisión y que afecta a las audiencias en general, cabe similar reflexión. Es
posible establecer un marco regulatorio que sancione con posterioridad a la
emisión, aquellos contenidos ofensivos por estas razones, todo lo cual requiere
reglas claras, una institucionalidad independiente y una defensoría de las
audiencias que debería establecerse por ley.
La
Coalición reafirma su compromiso con los espacios de participación que se
convoquen para discutir y debatir sobre la política de comunicación y
aguardamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su anuncio de enviar al Parlamento
el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
